Activision Blizzard llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ en inglés) de Estados Unidos para renunciar a cobrar un “impuesto de equilibrio competitivo” relacionado con sus ligas de “Call of Duty” y “Overwatch”.

La empresa de videojuegos no admite su culpa y niega cualquier acusación de supresión de salarios. En la demanda, presentada en 2021, se critica el impuesto sobre el equilibrio competitivo, que en la práctica actúa como un impuesto de lujo en el deporte tradicional.

El impuesto de lujo es muy común en muchos deportes de Norteamérica, como el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. Es un impuesto a los equipos o clubes por superar un límite predeterminado establecido por la liga en la que compiten. Con ello se pretende que la competición sea más justa y. lo importante, más competitiva. De esta forma, se obligando a los equipos a ser más creativos en lugar de más ricos.

Sin embargo, las acusaciones implican que Activision Blizzard impuso estos topes para suprimir los salarios de los jugadores, ya que el panorama financiero de las competiciones no sería propicio para superar estos topes bajo ninguna circunstancia. De esta forma, se impide la escalabilidad de los salarios dentro de las ligas de Activision Blizzard.

El fiscal general adjunto de la División Antimonopolio del DOJ reiteró la importancia de una compensación justa para proteger a la creciente industria.

El fiscal general adjunto de la División Antimonopolio del DOJ reiteró la importancia de una compensación justa para proteger a la creciente industria.

“Hoy en día, los videojuegos y los esports se encuentran entre las formas de entretenimiento más populares y que más rápido crecen. Los jugadores profesionales de deportes electrónicos, como todos los trabajadores, merecen los beneficios de la competencia por sus servicios”.

Se ha llegado a un acuerdo con Activision Blizzard por el que se omite la culpabilidad, pero se revoca el impuesto sobre el equilibrio competitivo.

La respuesta de Activision Blizzard

En una declaración de Activision Blizzard, se hizo hincapié en que se mantienen firmes en su postura, a pesar de los términos acordados, de que el impuesto de equilibrio competitivo era completamente legal. Inquebrantable en el punto de que no tuvo ningún efecto adverso en los salarios de los jugadores.

Reiterando su misión inicial en la creación de sus ligas. Esto era “crear oportunidades de carrera viables para los jugadores que exigen salarios mínimos y beneficios obligatorios como parte de los contratos de los jugadores”. También expresaron el deseo de que sus productos fueran competitivos y justificaron la aplicación del impuesto de equilibrio competitivo.

Afirmaron que el impuesto nunca se aplicó y que sus ligas lo abandonaron voluntariamente en 2021. Concluyeron que siguen comprometidos con un ecosistema con salarios justos, asistencia sanitaria y sin restricciones en los sistemas compensatorios de movilidad de los jugadores en todas sus ligas deportivas.

Desgraciadamente, no hay que dar crédito a la validez de los comunicados difundidos por Activision Blizzard, ya que este acuerdo es el segundo con un organismo regulador estadounidense en 2023. Acordó en febrero pagar una multa de 35 millones de dólares para zanjar las acusaciones de no proteger a los denunciantes ni divulgar información de forma transparente a sus inversores.

Estas demandas tendrán sin duda un impacto profundo en el funcionamiento de las ligas de esports en su conjunto. Asimismo, sientan numerosos precedentes sobre cómo seguir protegiendo a sus jugadores. Sobre todo, ante la inminente adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y la incertidumbre sobre el futuro de la liga.

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